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Ciudad de México a 14 de abril de 2016.

  • La transparencia, eficiencia y competencia en las compras públicas reducen los riesgos de colusión entre competidores y permite una mayor concurrencia de participantes.
  • COFECE, Secretaría de la Función Pública, IMSS y el Consejo Rector de Transparencia Mexicana participaron en el “Diálogo sobre Contrataciones Públicas”.

Ciudad de México, 14 de abril de 2016.- En una etapa de recorte al gasto público es fundamental la transparencia, competencia e integridad en los procesos de contrataciones públicas. Estos tres deberes, plasmados en los artículos constitucionales 6, 28 y 134, respectivamente, promueven las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado mexicano en sus contrataciones públicas, coincidieron los participantes del “Diálogo sobre contrataciones públicas”, convocado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

En el encuentro, dirigido a los funcionarios que intervienen en las contrataciones de gobierno, se expuso que el diseño pro-competitivo de los procedimientos de compra pública incide de manera importante en la obtención de mejores condiciones. Por ello, la COFECE junto con la SFP se comprometieron a crear canales de comunicación que fortalezcan espacios para la colaboración y vinculación entre las políticas de competencia y el combate a la corrupción.

En la mesa, participaron la Comisionada Presidenta de la COFECE, Alejandra Palacios; el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade; el Director Jurídico del IMSS, Patricio Caso; y Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana. Destacaron la importancia del diseño de los concursos, la mejora de las bases de licitación y el trabajo coordinado para capacitar a servidores públicos que en conjunto, promuevan contrataciones públicas transparentes y competitivas, al tiempo que se evite la comisión de prácticas monopólicas (como las colusiones) y se contribuya a combatir la corrupción. 

En México, aproximadamente el 27% del gasto público se destina a las compras y contrataciones de bienes y servicios de los organismos que forman parte del Estado, por lo que garantizar un concurso competido y transparente, sin duda permitirá un mejor uso de los recursos y la generación de ahorros, para que a su vez, éstos se destinen a otras rubros que satisfagan mayores necesidades públicas.

Experiencias internacionales han demostrado que el gobierno puede llegar a adquirir bienes y servicios más caros que el precio que prevalecería si la compra se hubiese dado en un ambiente de presión competitiva, pues los propios diseños de los concursos imponen barreras de entrada a participantes potenciales, impidiendo que haya una mayor concurrencia. Por ejemplo, la colusión realizada entre empresas farmacéuticas en procesos de licitación del IMSS para la compra de insulina entre 2003 y 2006, generó sobreprecios de 58%, equivalente a 579 millones de pesos.

Durante el encuentro, Alejandra Palacios invitó a las unidades compradoras de las autoridades públicas a crear un canal de comunicación con la COFECE para combatir la colusión en sus procesos de contrataciones, del mismo modo ofreció la asesoría de esta autoridad de competencia en los procesos de licitación de aquellos proyectos de gran escala para propiciar una mayor concurrencia y diversidad de participantes.

Para la COFECE, es prioritario fortalecer el trabajo que realiza de forma permanente en torno a las contrataciones gubernamentales. Por lo que seguirá impulsando a la competencia como factor transversal para disminuir el riesgo de colusión (estos son acuerdos entre empresas competidoras para repartirse el mercado, coordinarse sus posturas en las licitaciones públicas y vender más caro al gobierno).

El Titular de la SFP, Virgilio Andrade Martínez, indicó que está en marcha una consulta sobre las áreas de oportunidad que ofrece el régimen de contrataciones públicas, y con ello transitar de un proceso tradicional a otro que vaya de acuerdo con los principios internacionales de Gobierno Abierto.

Explicó que, entre los elementos a considerar para hacer las reformas y mejoras reglamentarias en la materia, destaca la ampliación del régimen de testigos sociales para que participen de manera más activa; revisar de manera integral el asunto de las posibles colusiones entre contratistas; así como analizar internamente los regímenes de excepcionalidad que se aplican para el manejo de las adjudicaciones directas.

En este sentido, Andrade Martínez también habló de adecuar la planeación en obras públicas; mejorar las condiciones de eficiencia en los concursos, además de establecer indicadores de transparencia en las licitaciones públicas. 

Por último, planteó que se cuenta con un régimen jurídico sólido para conducir las contrataciones públicas en distintas dimensiones y que además se tiene el Sistema CompraNet, que garantiza la transparencia en los procesos de contrataciones públicas.