El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) remitió al Senado la República una serie de consideraciones sobre la iniciativa de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Iniciativa), con el objeto de potenciar la competencia e innovación en el mercado de los servicios financieros, para elevar la calidad, promover una mayor variedad de productos y reducir los costos para los usuarios de estos productos.

La Iniciativa busca regular los servicios que prestan las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), también conocidas como fintech, las cuales mediante negocios innovadores y el uso de plataformas digitales han creado nuevos modelos para prestar servicios financieros, como el financiamiento colectivo de capital o el pago a través de "criptomonedas".

Dado que las ITF son empresas innovadoras, generalmente disruptivas, que inician sus negocios en un contexto en el que no existe normativa que regule su operación, o las reglas vigentes impiden o limitan sus actividades, el establecer regulación para que puedan operar les brinda certeza jurídica. Sin embargo, el nuevo marco normativo planteado, si bien busca proteger a los consumidores y la estabilidad del sistema financiero, no debe obstaculizar el desarrollo de las fintech.

En este sentido, la Comisión observó que algunos elementos previstos en la Iniciativa podrían inhibir el potencial, en cuanto a la intensidad de competencia, en este mercado de los servicios financieros, ya que, entre otros aspectos, daría demasiada discrecionalidad a la autoridad en el otorgamiento de las autorizaciones necesarias. Además, no asegura el acceso en condiciones no discriminatorias a ciertos insumos –como la información de los datos transaccionales de los clientes o el acceso a los servicios financieros de la banca tradicional– que son necesarios para que las fintech puedan operar.

Por ejemplo, la nueva ley debería establecer claramente que los usuarios son propietarios de sus datos transaccionales, los cuales podrían transmitirse a través de las redes, siempre y cuando estos lo autoricen, así como la confidencialidad y seguridad de la información se garantice. En este sentido, a la Iniciativa le hace falta regular las contraprestaciones por la transmisión de estos datos, para evitar que los bancos tradicionales cobren cuotas mayores a su costo operativo, así como los términos y condiciones para el intercambio de la información entre instituciones.

Asimismo, la Iniciativa debería contemplar una disposición que obligue a las instituciones de crédito a otorgar a las ITF, en condiciones no discriminatorias, sus servicios bancarios, puesto que son insumos necesarios para la prestación y desarrollo de los productos. En caso de que las instituciones de crédito no otorguen dichos servicios en condiciones no discriminatorias, se deberían establecer las sanciones conducentes. De igual importancia es garantizar en la ley que las ITF tengan acceso a los servicios del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y de la Cámara de Compensación Electrónica Nacional (CCEN).

En el entorno de constante innovación que actualmente vive el sector financiero, las empresas deben contar con un marco jurídico adecuado para desarrollar, adoptar y usar tecnologías, infraestructura y modelos de negocio para competir en el mercado. La Iniciativa es restrictiva en el uso de estos elementos.

Ante ello, la Comisión recomienda establecer, explícitamente, la libertad para adoptar cualquier infraestructura y tecnologías necesarias para que las ITF puedan otorgar sus servicios en condiciones de seguridad para sus clientes. Puesto que no es posible prever los nuevos modelos de negocios y actividades que en el futuro se desarrollen y dada la velocidad de la innovación, se recomienda agregar a la ley que estarán permitidas las demás actividades (que hoy no conocemos) que las autoridades determinen a través de disposiciones de carácter general.

Las consideraciones remitidas al Senado por la COFECE también incluyen recomendaciones para evitar cargas regulatorias o requisitos injustificados y evitar crear espacios para la realización de prácticas monopólicas.

En ocasiones previas, la COFECE ha señalado que México cuenta un sistema financiero bien capitalizado, con bajos índices de morosidad, sin embargo, los usuarios tienen poca movilidad y a los intermediarios financieros les faltan incentivos para atraer clientes vía calidad, innovación a menores precios; además, existe una alta concentración de oferentes en algunos productos y servicios, así como una elevada rentabilidad de los bancos, superando a la observada en países con niveles de ingreso similar; ya que la penetración y la inclusión de la población a estos son limitados.¹