La intervención del gobierno mediante la regulación económica se debe realizar de manera excepcional, y sólo cuando los resultados que se obtendrían de un mercado sin regulación serían ineficientes y contrarios al bienestar de los consumidores. Esto sucede cuando la estructura prevaleciente en los mercados es tal, que impide el pleno funcionamiento del proceso de competencia y libre concurrencia.

Por lo anterior, en México diversas disposiciones legales y reglamentarias facultan a la COFECE para emitir una resolución sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos análogos. Con la resolución de la COFECE, el regulador sectorial (aeropuertos, gas, ferroviario, entre otros) puede establecer obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad e información a los oferentes en el mercado que corresponda.

Asimismo, la COFECE tiene la facultad para emitir, previa solicitud por parte del Ejecutivo Federal, una declaratoria de condiciones de competencia efectiva en mercados de productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Con este tipo de resoluciones proporcionan a la Secretaría de Economía el fundamento para poder establecer controles de precios a los productos y servicios que . El fundamento de esta facultad se encuentra en el artículo 9 de la LFCE.

Además, las disposiciones legales y reglamentarias también prevén que la COFECE emita resolución cuando dejen de existir las condiciones de mercado que dieron lugar a la regulación, para dejar de aplicarla.

Para efectuar las investigaciones que permitan resolver sobre las condiciones de mercados como las mencionadas en los párrafos anteriores, la COFECE se encuentra facultada en términos de diversas leyes sectoriales y de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). El procedimiento para efectuar estas investigaciones se encuentra previsto en el artículo 96 de la LFCE.

De esta forma, se asegura que el regulador que corresponda pueda aplicar la regulación necesaria cuando las circunstancias del mercado lo ameriten, de manera que no prevalezcan o se controlen situaciones de mercado que podrían tener efectos negativos para la sociedad.